Son aquellos que se realizan con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público o al usuario final y en los que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado con el objetivo de aumentar el bienestar social y los niveles de inversión en el país.

Con este tipo de esquemas, tanto el ente público como el privado comparten los riesgos y se mejora la eficiencia de los proyectos debido a que todo se mide con niveles de desempeño.

Es pertinente resaltar que el término APP logra confundirse con el de privatización. Existe, sin embargo, una clara diferencia entre estas dos formas de participación del sector privado en el desarrollo y provisión de un servicio.

La privatización implica la transferencia de la propiedad de una activo público al sector público, mientras que una APP implica una continua relación contractual del sector público con el sector privado, relación en la que en ciertas modalidades, el activo puede ser originalmente propiedad privada y permanecer como tal o no una vez concluido el plazo del contrato.

En el caso de una APP, la responsabilidad y rendición de cuentas por la provisión del servicio público recae en última instancia en el gobierno (en su calidad de ente público contratante) en tanto que la privatización la responsabilidad del servicio se transfiere al sector privado (en tanto propietario de un bien ahora del dominio privado y prestador de un servicio), independientemente de las facultades normativas y reguladoras que la ley en materia reserve el Estado.

Para que un privado pueda realizar un proyecto APP, es necesario que el sector público realice un procedimiento de licitación.